CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL



AC8161-2016

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


Radicación n.° 11001-31-10-022-2012-01010-01

(Aprobado en sesión de veintinueve de junio 2016)


Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).-


Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación que las accionadas, CLEMENCIA GUTIÉRREZ BORDA, HELENA GUTIÉRREZ DE BARRETO, LEONOR GUTIÉRREZ DE CAICEDO, MARÍA CONSUELO, MARTA CECILIA y MARÍA MERCEDES GUTIÉRREZ SALAZAR, interpusieron frente a la sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por ERNESTO PAVIA PEDRAZA en contra de las impugnantes.


ANTECEDENTES


1.        En el escrito con el que se dio inicio al presente asunto se solicitó, en síntesis, que se declarara que entre el actor y Daniel Alberto Gutiérrez Salazar, ya fallecido, existió una unión marital de hecho desde el año 1976 hasta el 7 de octubre de 2012, así como la correlativa sociedad patrimonial entre compañeros permanentes (fls. 12 a 19, cd. 1).


2.        El Juzgado Veintidós de Familia de esta capital le puso fin al litigio con providencia del 23 de septiembre de 2014, en la que negó las señaladas pretensiones y declaró probada la excepción de “[i]nexistencia [de] la unión marital de hecho e inexistencia de la sociedad patrimonial” (fls. 252 a 263, cd. 1).


3.        La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, al desatar la apelación que contra el memorado fallo propuso el gestor del litigio, en el suyo, que data del 22 de junio de 2015, revocó el del a-quo y, en su lugar, reconoció que entre el demandante y Daniel Alberto Gutiérrez Salazar hubo un consorcio de vida entre el 7 de febrero de 2007 y el 7 de octubre de 2012; desestimó el mencionado medio de defensa; y accedió a la atadura económica de bienes y capitales, que declaró disuelta y en estado de liquidación, por la muerte del último (fls. 27 a 48, cd. 2).


4.        Las enjuiciadas interpusieron recurso extraordinario de casación, que luego de que fuera concedido por el ad quem y admitido por esta Corporación, sustentaron con el escrito que ahora se examina.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


1.        Tras citar un aparte de la decisión C-075 de 2007, emanada de la Corte Constitucional, el juzgador de instancia señaló que en esa providencia se tuteló la unión marital de hecho de las personas del mismo género, así como la correlativa sociedad patrimonial, cuyo reconocimiento “solo resulta viable a partir de la fecha del aludido fallo, pues al no haber[se] consagrado (…) los efectos retroactivos, debe necesariamente aplicarse hacia el futuro; es decir, a las parejas del mismo sexo que estuvieran vigentes a la fecha de la sentencia en mención o a las que lleguen a conformar[se] con posterioridad”.


2.        Desde el punto de vista probatorio, el ad quem recordó lo narrado por las accionadas Clemencia Gutiérrez de Borda, Leonor Gutiérrez de Caicedo, María Consuelo, Martha Cecilia y María Mercedes Gutiérrez Salazar, en sus interrogatorios de parte, así como lo relatado por los testigos Fernando Cuéllar Perea, Carlos René Rodríguez Rodríguez, Juan Fernando Bille Fals Vallejo, Jimmy de Jesús Hernández Quiroz, Verónica Hartmann Gutiérrez, Martha Gema Valbuena Villamil y Otto de Jesús Held Ramírez.


Con tal base, destacó, de un lado, que las primeras “hicieron ingentes esfuerzos para desvirtuar la convivencia que se pregon[ó] (…), al punto que varias manifestaron que entre dicha pareja no existió relación alguna y otras, atribuyeron, tanto al demandante como al hoy fallecido DANIEL ALBERTO, la existencia de otras relaciones con personas diferentes”; y, de otro, que “tales aseveraciones quedaron rebatidas no solo por las contradicciones en las que incurrieron” los propios absolventes, “sino también con los testimonios de cargo practicados en el proceso”.


3.        Para explicar lo que antecede, dicha autoridad expuso:


3.1.        Las declarantes Leonor y María Consuelo Gutiérrez Salazar, negaron que entre el accionante y su hermano, hubiese habido un vínculo afectivo; María Mercedes Gutiérrez Salazar dijo que “fueron pareja” doce o quince años atrás; y Clemencia Gutiérrez de Borda, en abierta contradicción con lo expresado por las anteriores señoras, afirmó que ellos sí compartieron “vida juntos desde el colegio”, pero que también lo hicieron con otros hombres, pues el causante estuvo, durante los padecimientos de salud que soportó, con “su compañero de nombre Jimmy”, tal como lo confirmó la deponente Verónica Hartmann Gutiérrez, quien además aseveró que su primo, el gestor del juicio, tuvo una relación sentimental con Ómar.


3.2.        Por su parte, Jimmy de Jesús Hernández Quiroz declaró, entre otras cosas, que fue enfermero del difunto; que éste último y el promotor del litigio, conformaron vida de pareja; que estos, pese a no compartir habitación, “comían juntos, dormían bajo el mismo techo [y] viajaban juntos”; y que Ómar también fue “cuidandero de Daniel”, pero jamás crearon un lazo emocional, lo que desvirtúa “la existencia de alguna relación afectiva entre [Jimmy] o el señor Ómar y el hoy fallecido Daniel, pues la cercanía que tuvieron aquéllos con éste[,] obedeció únicamente a que cuidaron de Daniel por la enfermedad que lo aquejaba”.


3.3.        Las testigos Martha Gema Valbuena y Verónica Hartmann Gutiérrez manifestaron al unísono, que entre el actor y Javier Ariza, a quien llamaban Jerónimo, se desenvolvió un nexo amoroso; no obstante, el mismo Jimmy de Jesús Hernández Quiroz adujo que aquél era simplemente un amigo suyo y de la pareja.


4.        Con sustento en lo anterior, y en la versión de Fernando Cuéllar Perea, persona que conoció a la pareja desde la época de la escuela y vivió con sus integrantes en una casa del barrio Teusaquillo, donde todavía él habita, y quien señaló que ellos tuvieron públicamente “lazos afectivos emocionales profundos producto de aproximadamente 39 (…) años de convivencia íntima”, que perduraron hasta el deceso del referido causante, el Tribunal coligió que “entre el aquí demandante y DANIEL ALBERTO GUTIÉRREZ SALAZAR, existió (…) una unión marital de hecho”.


5.        Para reafirmar esta conclusión, dicha autoridad añadió que los deponentes Carlos René Rodríguez Rodríguez y Fernando Bille Fals Vallejo ratificaron la mentada vida en común, toda vez que el primero “aseguró haber conocido a DANIEL y a ERNESTO desde hacía 25 años”, cuando se enteró de su relación amorosa y, el segundo, aseveró que en “el año 1997 tuvo la oportunidad de realizar unas labores de carpintería para la pareja y pudo percatarse que compartía[n] techo, lecho y mesa”.


6.        En definitiva, el ad quem indicó que las súplicas del pliego introductorio debían prosperar, “pero no en el marco temporal solicitado en el escrito de demanda, sino, se insiste, desde la fecha de la sentencia proferida por la Honorable Corte Constitucional[,] (…) la cual reconoció efectos jurídicos a las uniones de parejas del mismo sexo, esto es, desde el siete (7) de febrero de dos mil siete (2007) hasta el día en que tuvo lugar [la muerte] de DANIEL ALBERTO GUTÍERREZ SALAZAR, lo que ocurrió el siete (7) de octubre de dos mil doce (2012)”.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Contiene dos cargos, que admiten el siguiente compendio:


CARGO PRIMERO


Con respaldo en el motivo inicial consagrado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusó la sentencia cuestionada de ser violatoria del artículo 1º de la Ley 54 de 1990.


Para sustentarlo, la casacionista, adujo:


1.        El referido fallo se centró “de manera única y exclusiva en la ‘CONVIVENCIA’, la cual como se ha demostrado (…), no es de tal orden”, de manera que se desconocieron otras exigencias relevantes de la unión marital de hecho.


2.        Tras explicar los que, en su sentir, son los presupuestos de “existencia” y “validez” del aludido vínculo, al igual que los conceptos de cohabitación, singularidad, permanencia y comunidad de vida, sostuvo que en la providencia enjuiciada se dejaron de verificar estos elementos, a la luz del “material probatorio aportado dentro de su oportunidad”.


3.        De inmediato predicó que, según “la revisión de la valoración probatoria decantada dentro de esta actuación, no se configura[ro]n los elementos de la UMH, reiterando c[ó]mo el TRIBUNAL fij[ó] su atención únicamente en la ‘CONVIVENCIA’, entendida [e]sta el estar bajo el mismo techo, ignorando, que la misma tiene que tener el carácter de ser pública, requisito esencial que igualmente es inexistente”, pues no se establecieron los “actos que así lo acredit[ara]n, siendo valioso recordar, que en materia probatoria no basta con invocar, sino que se debe demostrar”.


4.        A continuación destacó que la exclusividad y la comunión de vida, “no tuvieron lugar en la convivencia surgida entre PAVIA y GUTIÉRREZ”; y que el reproche “guarda relación estricta con el recaudo probatorio”.


CARGO SEGUNDO

                       

1.        De entrada, sostuvo la recurrente, que la infracción de la ley sustancial se produjo “por error de hecho manifiesto (…) en la valoración de las pruebas recaudadas y aportadas en la presente actuación”.


2.        Como fundamento de lo que antecede, mencionó que el Tribunal ignoró la declaración rendida por el actor Ernesto Pavia Pedraza, la cual en opinión de la impugnante, es clara y suficiente para demostrar la forma en que se desestimaron aspectos “como la solidaridad, apoyo, ayuda mutua, singularidad, y en general, información determinante desde el orden probatorio”.


Con el propósito de acreditar que el ad quem soslayó el interrogatorio de parte del demandante, la censora citó varias preguntas y respuestas del mismo, para luego criticar lo manifestado por el gestor del litigio y presentar su reflexión personal sobre el contenido del mencionado medio de prueba.


3.        Lo propio hizo en relación con las deposiciones de Clemencia Gutiérrez de Borda, Leonor Gutiérrez de Caicedo, María Consuelo, Marta Cecilia y María Mercedes Gutiérrez Salazar, así como con los testimonios de Verónica Hartmann Gutiérrez, Martha Gema Valbuena Villamil, Otto de Jesús Held Ramírez, Fernando Cuellar Perea, Carlos René Rodríguez Rodríguez y Jimmy de Jesús Hernández Quiroz, no sin antes argüir, en lo concerniente con los tres últimos, que ellos son precarios y exiguos para corroborar “los hechos de la demanda, en la medida que se trata de declaraciones incompletas que no convergen en demostrar todos y cada uno de los elementos constitutivos de [la] unión marital de hecho”, ya que en primer lugar, “desconocen el día a día [de] los mencionados PAVIA PEDRAZA y GUTIÉRREZ SALAZAR”; en segundo término, se asientan “en un único momento de relevancia”, esto es, “la celebración de los cincuenta años de edad” del promotor del pleito; y por último, dejaron de aludir a los encuentros en familia y “con amigos (…), sencillamente, porque estos no tuvieron lugar durante los últimos veinte (20) años de vida entre los mencionados sujetos”.


4.        Soportada en todo lo precedente, la casacionista esgrimió las premisas fácticas que se sintetizan a continuación:


4.1.        Tanto el accionante como los testigos coincidieron en que Ernesto Pavia Pedraza y Daniel Alberto Gutiérrez Salazar no compartieron habitación, de lo que se deduce que vivieron bajo el mismo techo pero jamás fueron pareja.


4.2.        Nunca existió singularidad en la relación de los aludidos compañeros, pues las accionadas informaron que a su fallecido hermano le conocieron múltiples parejas, entre ellas Ómar Rodríguez, su compañero sentimental durante los últimos 10 años.



4.3.        No se demostró que el actor le hubiese brindado cuidado, manutención, rehabilitación y sostenimiento al nombrado causante durante su enfermedad, sino que, por el contrario, se probó que quienes lo hicieron fueron las demandadas.


4.4.        La persona que tuvo a su cargo a Daniel Alberto Gutiérrez Salazar por más de un año y medio, fue su pareja Ómar Rodríguez, a quien el gestor del litigio expulsó de su hogar, tiempo antes del deceso de aquél.


4.5.        El accionante no acreditó que ejerciera “la mecánica automotriz”, lo que permite inferir que dependía económicamente del prenotado difunto y que su único interés era aprovecharse de su riqueza.


4.6.        Jamás las enjuiciadas rechazaron la orientación sexual de        Daniel Alberto Gutiérrez Salazar, sino su “infortunado devenir en el mundo del alcohol, [las] drogas y [el] vicio”, pese a lo cual continuaron apoyándolo moral, física y emocionalmente, hasta el fin de sus días.


4.7.        Fue la familia de Ernesto Pavia Rodríguez “la que siempre estuvo ajena a la supuesta unión”, debido a la pluralidad de personas con las que él tenía relaciones amorosas.


4.8.        El único acto familiar, social o de vida en comunidad que mencionaron tanto la parte actora como los testigos, fue “la celebración de los cincuenta (50) años de (…) PAVIA”.


4.9.         No hubo en realidad vida de pareja, porque ni el actor, ni los terceros declarantes, conocieron “cuál era el manejo económico o financiero de la ‘supuesta unión’, hecho que resulta a todas luces inaceptable”.


4.10. Lo único de lo que se encargaba el promotor del litigio, era de suministrarle a Daniel Alberto Gutiérrez Salazar una “bebida alcohólica diaria”, lo cual hacía para “dominar y doblegar su espíritu, su capacidad, y con ello, seguirse lucrando o beneficiando de [su] generosidad”.


4.11.         Los testimonios practicados a instancia de las enjuiciadas y que fueron desestimados por el Tribunal, permiten confirmar “aspectos puntuales de la relación (…), lo que resulta contrario” a lo concluido en la sentencia de segundo grado.


4.12.         El Tribunal pasó por alto que no se desarrollaron actividades básicas de cualquier lazo marital, tales como “presentarse en sociedad, afilia[rse] al sistema de seguridad social (…), celebrar actos o contratos en los cuales así se identifi[caran] [y] haber solicitado la declaratoria de la UMH”.


5.        Finalmente, la recurrente señaló que el ad quem dejó de apreciar documentos públicos contentivos de negocios de compraventa, en los que el demandante y el mentado causante expresaron no tener la relación de hecho deprecada; también que el demandante dijo desconocer los “derechos de alcance marital” que tenían las personas del mismo sexo, pero tan sólo tres días después del deceso de Daniel Alberto Gutiérrez Salazar “accedió a la información legal y  jurisprudencial” para pedir judicialmente el reconocimiento de una unión de ese linaje; y por último, que el promotor de la controversia pidió amparo de pobreza, pese a tener “bienes muebles, inmuebles, ejercer actividad económica (mecánica automotriz), vehículos, ultraliviano, e incluso, desarrollar actividades recreativas”.


CONSIDERACIONES


1.        Sea lo primero precisar que, siguiendo los derroteros  expresamente  consagrados  en  los  artículos 624 -modificatorio del artículo 40 de la Ley 153 de 1887- y 625 del Código General del Proceso, vigente a partir del 1º de enero del año en curso, según previsión contenida en el Acuerdo PSAA15 - 10392 del 1º de octubre de 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, esta Corporación asumirá el estudio de la identificada demanda de casación, a la luz de las normas que estaban vigentes al momento de la interposición del referido recurso extraordinario, en concreto, las del Código de Procedimiento Civil, consideradas las que lo modificaron y/o adicionaron con anterioridad a la mencionada fecha.


2.        Sentada esa premisa, se observa que el cargo inicial contiene las deficiencias formales y técnicas que se explican a continuación:


2.1.        Dicha acusación es imprecisa, por cuanto si bien, en el desarrollo de ella, se invocó la causal primera de casación, no se determinó si la violación del precepto sustancial citado adelante, se produjo por la vía directa o indirecta, ni mucho menos, de haber sido lo último, si la infracción se concretó como secuela de un error de hecho o de derecho, lo que choca abiertamente con el requisito previsto en el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, consistente en que cada ofensiva ha de “ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión”, esto es, “exacta, rigurosa, que contenga los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento” (CSJ SC, del 15 de septiembre de 1994).


2.2.        Ahora, si se entendiera por el contexto del embate, que los cuestionamientos formulados refieren desatinos fácticos, como quiera que se aseveró que en la providencia criticada no se analizaron “los elementos constitutivos de la unión marital de hecho”, de acuerdo al “material probatorio aportado dentro de su oportunidad”, forzoso es colegir que en el cargo no se expusieron argumentos que apunten a satisfacer el deber de acreditar los yerros denunciados (primera parte del inciso 2º, del mismo numeral y artículo atrás invocado), toda vez que el recurrente ni siquiera determinó o identificó cuáles fueron los medios de convicción sobre los que supuestamente recayó la equivocación del ad quem, laborío que constituye el punto de partida para la demostración de los errores de hecho, cuando se aduce que los mismos se concretaron en la ponderación de los elementos de juicio.


3.        Ya en lo que hace al cargo segundo, en el que se denunció la comisión de un error fáctico en la apreciación de las pruebas, se advierten las siguientes falencias:


3.1.        Como lo ha puntualizado la Corte en innumerables ocasiones, si la acusación se dirige a denunciar el quebranto directo o indirecto de la ley sustancial, se torna indispensable que el casacionista determine las normas de ese linaje que fueron vulneradas, las cuales necesariamente tienen que estar ligadas con el proceso y, más precisamente, con la decisión cuestionada.


Así lo reclama expresamente la parte final del inciso 1º del numeral 3º del citado artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, requisito que fue modulado por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, que en lo pertinente reza:


Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, cuando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho sustancial se observarán las siguientes reglas: 1º. Será suficiente señalar una cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa (se subraya).


Al respecto, cabe memorar que esta Corporación, de manera constante, ha entendido por preceptos materiales aquellos que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación” (CSJ, SC del 19 de diciembre de 1999; se subraya), sin que, por ende, ostenten tal carácter las disposiciones que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los interpretativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria.


Revisada la censura propuesta, de inmediato se advierte que no satisface la comentada exigencia, pues en su proposición y desarrollo, ninguna norma se invocó como violada.


3.2.        Pero hay más, al igual que en la primera acusación, la impugnante se despreocupó de acreditar los errores de hecho que pretendió denunciar, como quiera que no efectuó ningún contraste entre el contenido objetivo de las pruebas que individualizó y lo que de ellas dedujo o debió inferir el juzgador, ya que limitó su actividad a reproducir pasajes de todas las declaraciones de parte y de terceros recogidas, para luego criticar el dicho de los deponentes y exponer su visión u opinión personal sobre ellas, labor que tan solo refleja una mera discrepancia de pareceres con el Tribunal y que, por lo mismo, nada aporta para explicar y comprobar los dislates en los que, al ponderar los elementos de juicio, pudo haber incurrido esa autoridad.


Al respecto, ha dicho con firmeza la Sala que “constituye requisito formal de la demanda de casación, que en ella el recurrente demuestre los errores de hecho (…) en que habría incurrido el sentenciador al valorar las pruebas recaudadas y que, por repercusión, afectaron la recta aplicación de la ley sustancial (Vid inciso 2º, numeral 3º del artículo 374 C. P. C.), carga ésta que no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arribó el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin más, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a ‘poner de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente’ (Sent. de 15 de septiembre de 1993; reiterada en sentencia de junio 28 de 2000, exp.: 5430). (…). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casación el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciación de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto” (CSJ, auto del 18 de diciembre de 2009, Rad. nº 1999-00045-01; se subraya).


3.3.        Cabe decir, en sintonía con lo precedente, que los razonamientos contenidos en el ataque se redujeron esencialmente a esbozar apreciaciones generales, desarticuladas y propias de un alegato de instancia, sobre un sinnúmero de aspectos fácticos que rodearon la controversia, tal como se sintetizó al compendiarse la censura, manifestaciones que de ninguna forma estructuran una ofensiva idónea para sustentar el recurso extraordinario de que se trata.


Es que como lo ha precisado invariablemente la Corte, para que un embate sea apto y suficiente en casación, es necesario que el recurrente “sustent[e] la acusación, lo cual no puede hacer de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicación puntual y explicación suficiente de las específicas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visión personal que el recurrente tenga de la plataforma fáctica del litigio, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule” (CSJ, auto del 26 de octubre de 2012, Rad. nº. 2003-00723-01; se subraya).


4.        Para cerrar, resulta importante acotar, que no se encuentra pertinente desconocer las deficiencias técnicas advertidas, para darle viabilidad a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues analizado el proceso y los cargos propuestos, no se avizora que se esté en frente de un caso que exija la unificación de la jurisprudencia, o que evidencie la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia, o la notoria transgresión del principio de legalidad.


5.        Colofón de todo lo que antecede, es que habrá de inadmitirse el escrito auscultado y, como consecuencia de ello, declararse desierta la refutación sobre la que se trabaja.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación que las accionadas, CLEMENCIA GUTIÉRREZ BORDA, HELENA GUTIÉRREZ DE BARRETO, LEONOR GUTIÉRREZ DE CAICEDO y MARÍA CONSUELO, MARTA CECILIA y MARÍA MERCEDES GUTIÉRREZ SALAZAR, interpusieron frente a la sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por ERNESTO PAVIA PEDRAZA en contra de las impugnantes.


Por consiguiente, se  DECLARA DESIERTA dicha impugnación extraordinaria.


Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

En comisión de servicios